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“BIBA” LA BANDA

Publicado: 11 de mayo de 2013 en OPINIÓN
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biba la bandaPara empezar aclararé que no, que el “biba” no es un error ortográfico. Aquellos que me conocen un poco más, saben de mi afición y relación con el mundo del cine, y el encabezado de esta entrada es el título de una película española protagonizada por el genial actor Alfredo Landa, fallecido esta misma semana.

Este “Biba La Banda” me ha parecido la mejor manera de aplaudir a dos profesionales de excepción en sus respectivos ámbitos. A uno de ellos, Landa, en su despedida, y al otro, Agustín Medina, por su nueva iniciativa.

Para los amantes del cine, la pérdida del genial Alfredo supone el cierre de una época irrepetible, una época marcada por unos actores, guionistas y directores que, pese a las circunstancias del país, supieron esquivar los obstáculos y ofrecernos pequeñas obras maestras repletas de crítica, sátira, mordacidad y genialidad creativa.

Entre aquellos que ya no cumplimos cuarenta años y estamos en el mundillo de la publicidad, el marketing o la comunicación, cuando alguien menciona “La Banda”, todos pensamos en Agustín y su agencia, un referente en los años 80 y 90, y que para los jóvenes profesionales de entonces era, junto a nombres como Ángel del Pino, Tomás Moliner, Manolo Valmorisco o Rafael Arnau entre otros, el espejo en el que nos mirábamos.

Bajo mi punto de vista, ambos comparten una serie de cualidades como profesionales: el trabajo duro, el esfuerzo, la búsqueda de la excelencia, la creatividad y la capacidad de adecuarse a los nuevos tiempos y reinventarse continuamente.

La casualidad ha hecho que esta semana lloremos la pérdida de Alfredo Landa y aplaudamos la penúltima iniciativa a Agustín al resucitar su vieja banda como un nuevo grupo dentro de la red profesional LinkedIn.

agustin1331_1350826532_600En apenas dos días, más de 270 chalados, como si de personajes de los “Blues Brothers” se tratara, hemos desempolvado guitarras, bajos, saxos o baterías y nos hemos reunido en respuesta a la invitación de Agustín, dispuestos a hacer buena música bajo la batuta del Maestro y a compartir experiencias, opiniones, recuerdos y, lo que es más importante, reflexiones sobre el hoy y el mañana de una profesión que todos amamos.

Como el tiempo ha pasado, a esta llamada hemos llegado profesionales del ATL, BTL, Digital, Mobile… de nuevo gracias a esa capacidad de Agustín de adaptarse a los nuevos tiempos con la misma ilusión y la misma inquietud que hace años, y a su poder de convocatoria contagiándonos a todos su ilusión por participar de este lugar de encuentro.

Gracias Agustín… y “Biba La Banda”.

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¿TODOS A LA CARCEL?

Publicado: 20 de junio de 2012 en OPINIÓN
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De vez en cuando, entre tanta mala noticia política o económica a la que desgraciadamente nos estamos acostumbrando a recibir, aparece alguna que renueva las esperanzas del ciudadano de a pie. Y no se trata de que fluya en crédito o que baje el precio de la gasolina, no. Se trata de una noticia que nos afecta mucho más profundamente de lo que pensamos, y no de manera coyuntural. Me estoy refiriendo al anuncio de la propuesta del ministro Montoro para perseguir judicialmente a aquellos cargos públicos que hayan dilapidado los recursos de los que eran responsables en el curso de su gestión.

Por desgracia, este país está acostumbrado a que nuestro servidores públicos salgan de rositas una vez terminado su mandato, pese a haber desarrollado una labor catastrófica. Y no me refiero a aspectos subjetivos, en los que cada uno puede opinar a favor o en contra. Me refiero a los casos flagrantes en los que el dinero público – el dinero que proviene de los impuestos que cada uno de los ciudadanos pagamos para contribuir al bien común- ha sido dilapidado en absurdas mamarrachadas, en un tren de vida estilo monarquía petrolífera, en subvenciones o prebendas a familiares, amigotes y “amiguitas” o directamente, y lo que es peor, ha terminado por engrosar el patrimonio personal de estos padres conscriptos de alma perdularia.

Lamentablemente, en muchos aspectos la transición política no vino acompañada de la transición ideológica, y para muchas personas ostentar un cargo público significa tener derecho de pernada y disponer a capricho de los bienes de los que son meros gestores.

Esta situación ha dado pie a un despilfarro desmedido, a una cultura perversa de lo que significa lo público y a un desencanto hacia la política cada vez más patente entre los ciudadanos, sobre todo ahora, en momentos de crisis.

Con ello no pretendo acusar a la mayoría de cargos electos, que me consta trabajan por el bien común intentando gestionar de la mejor manera posible el dinero del que son responsables. Pero existe esa minoría que supone un baldón para el resto y es culpable del desapego de los ciudadanos hacia sus representantes.

Una propuesta como la presentada por el ministro Montoro debería ser aplaudida por toda la sociedad, pero sobre todo por todos aquellos políticos y cargos públicos que gestionan de manera honrada y eficiente. Por eso resulta difícil de entender las voces en contra de esta propuesta que se han levantado. Curiosamente muchas de ellas son las mismas que aplaudían a rabiar la toma de medidas contra directivos de empresas privadas que hubiesen sido responsable de la mala gestión de las mismas. ¿Acaso no es más grave el supuesto de una mala gestión de fondos públicos que de fondos privados? ¿Un directivo de una compañía puede ser acusado, juzgado y condenado y un gestor político puede evadir ese proceso? Lo lamento, pero en mi opinión, por muy grave que sea la actuación de los directivos de una empresa privada, la mala gestión del dinero público resulta mucho más reprobable, pues su fuente es el esfuerzo común de toda la sociedad. Y si en lo privado los culpables merecen castigo, en lo público con mayor motivo.

Quizás habría que bucear en la historia  -asignatura que, por otro lado, nuestros políticos se han encargado de arrinconar y casi eliminar de los planes de estudio de nuestros jóvenes- para recordar que en la antigua Atenas –cuna de la Democracia- los dirigentes de la ciudad eran juzgados, una vez finalizado su mandato, por un tribunal popular ante el cual debían rendir cuentas de sus acciones y su gestión. El mal desempeño de sus labores podía ser penado con la confiscación de bienes, el destierro e incluso la muerte.

Naturalmente, yo no pido que ningún cargo público de nuestro país sea desterrado o condenado a la pena capital, pero sí que deba rendir cuentas de sus actos, una vez terminado su mandato. No se trata de ciencia ficción, tenemos muy cercano el caso del Primer Ministro de Islandia, condenado por su mala gestión de los intereses del país ante la crisis económica y financiera que se ha abatido sobre la economía mundial.

Pienso que medidas como esta ayudarían a alcanzar la excelencia en la gestión de lo público, eliminarían la tentación del mal uso por parte de esa minoría de personas que buscan en un cargo electo la oportunidad para el beneficio propio o el de sus allegados y servirían para que los ciudadanos recuperásemos la confianza en el sistema y en sus representantes.

Dejaríamos de percibir a la clase política como una casta aparte, alejada de nuestros intereses. Los veríamos como unos ciudadanos atados a las mismas leyes que el resto.

¿Entonces por qué ese miedo? Es necesario un cambio. Debemos dejar atrás esa etapa en que gobernar y gestionar suponían utilizar el dinero de todos con fines partidistas, sectarios y personales. Los ciudadanos debemos exigir una gestión responsable, y los políticos deben asumir su condición de servidores del bien común. Sólo así, remando todos en la misma dirección, seremos capaces de confiar en el sistema que nos hemos dado y lograremos mantener los derechos y libertades por las que todos hemos apostado.

Los tiempo de creerse los dueños del cortijo han terminado. Pensar que la vida pública es la madre de la vida padre, se acabó. Los cargos públicos honrados, la inmensa mayoría, a trabajar codo con codo con los ciudadanos. Los golfos, a la cárcel.

Un año más y justo en un momento que la crisis económica, el paro y la desconfianza de los mercados nos agitan con la fuerza de un huracán que amenza con arrastrarnos -mientras nuestros políticos se desgañitan en todos los foros intentado convencer a propios y extraños de nuestra seriedad como país- se produce uno de esos anacronismos que tan poco bien hacen a la imagen de España. Me refiero a nuestros afamados “puentes” vacacionales, y en el caso que nos ocupa, este disparate festivo que nos aparece en vísperas de Navidad y que supone la celebración en días alternos de nuestra Constitución y de la Inmaculada.

Este año el calendario ha situado estas celebraciones un martes y un jueves, con lo que, de oca a oca y tiro por que me toca, los previsores trabajadores que guardan algún día libre, los funcionarios con sus utilísimos “moscosos” o cualquier hijo de vecino medianamente avispado ha conseguido encadenar, en el mejor de los casos, nueve jornadas seguidas de asueto laboral.

El problema no es de quien ha podido tomarse esos días de descanso. El problema está en un gobierno, una clase política y unos dirigentes sociales que no han puesto coto a semejante disparate productivo.

Cuando se dice que uno de los problemas estructurales de la economía española es su baja tasa de productividad, mantener este tipo de calendarios festivos supone unas pérdidas económicas de una cuantía importantísima, y reducen nuestra imagen de seriedad en el exterior y nuestra credibilidad. Pero hasta la fecha no se han tomado medidas para racionalizar las fechas y ponernos en paridad con nuestro entorno. No se trata de reducir derechos entre los trabajadores, pero si de compatibilizar estos derechos con una lógica distribución de las jornadas no laborables, trasladando las fiestas a lunes o viernes, de manera que no nos dediquemos a “construir” puentes que no nos llevarán a ninguna parte.

Sabiendo que en las últimas encuestas realizadas más del 70% de los ciudadanos apoyaría esta reforma del calendario laboral, se entiende todavía menos la desidia de nuestros dirigentes a la hora de llegar a un acuerdo e incluirlo en nuestra legislación. Así mismo, es un disparate esgrimir como razonamiento contrario a la necesidad de esta reforma los intereses del sector turístico, pues la demostración palpable de esta falacia se observa en los resultados de ocupación hotelera prevista durante esta semana, que no se espera sea mayor del 60%. Al contrario, la implantación de medidas que racionalicen las festividades llevaría consigo la homogeneización de calendarios, la posibilidad de organizar las posibles salidas con más tiempo y la oferta de paquetes especiales por parte de agencias de viajes y hosteleros susceptibles de ser adquiridas por mayor número de personas.

Como país, ganaríamos en competitividad y en credibilidad de cara al exterior, como trabajadores se podría disfrutar de manera ordenada de los días de descanso, empresarialmente se organizarían mejor las taréas y nuestro sector turístico podría realizar previsiones de venta de una manera más efectiva y con una oferta más acorde a las necesidades.

Vivimos en un mundo globalizado, y todo aquello que nos acerque a nuestro entorno, a la larga nos hace mas fuertes y mejores. Y este tipo de medidas son necesarias para garantizar una estructura que nos permita crecer, hacer frente a los momentos de recesión con mayor preparación, mejorar nuestra imagen y aumentar la confianza en nuestro sistema y promover un mejor futuro para los ciudadanos, eliminado del camino vías que, sin lugar a dudas, sólo llevan a callejones sin salida.